Si bien la referencia a un artículo “muy capcioso”, a criterio del titular del Iosper, sobre una reunión en el Ministerio de Economía con la Cámara (Médica) de Concordia estuvo en la apertura de un informe que brindó Fernando Cañete a los miembros de la Cámara de Diputados, la versión completa del documento contiene información detallada sobre ingresos y egresos del organismo, en el marco de “un sistema de salud que se funde”
Hace tiempo que el Directorio del Iosper, en particular su presidente, Fernando Cañete, aprovecha los espacios en los medios de comunicación para referirse a las dificultades que enfrenta la obra social provincial para costear las prestaciones. En particular, alude a tres factores que afectan fuerte al sistema de salud: Leyes especiales, medicamentos de alto costo y las nuevas tecnologías. En cada ocasión también, reclama la restitución de aportes en principio, por el sector de pasivos.
Así también lo dejó expresado en el informe que, por videoconferencia mantuvo con los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y que en forma completa puede leerse en la página web del Instituto.
“Todos los recursos que recibe la obra social los vuelca en prestaciones. Hay reclamos porque hay mucha demanda y pocos recursos”, expresó Cañete antes de afirmar que “la salud no tiene precio, pero tiene un costo y ese costo es financiero y hay que tener los recursos para cubrirlo”. Agregó luego que ese costo “se fue agrandando cada vez más”, para llegar a advertir: “El sistema de salud está que se funde” y “esto no se agravó más porque apareció la pandemia”.
NÚMEROS Para justificar la expresión “el sistema de salud se funde”, Cañete presentó una serie de cifras con la intención de demostrar que “es imposible sostener el sistema cuando muchos recursos son utilizados en pocos afiliados”.
El titular del organismo afirmó que, de 300.000 afiliados en la provincia, 16.380 reciben una inversión de la obra social del 61,1%, por lo que hay casi 280 mil afiliados para los que queda el 38% de los recursos. “Esta relación, a corto o mediano plazo, al sistema lo hará inviable, totalmente”, interpretó.
Los medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales concentran ese 61,1% del presupuesto de acuerdo a los datos que brindó: 7.974 afiliados que padecen diabetes tienen una inversión de 416 millones de pesos, lo que significó el 7,36 por ciento del Presupuesto Anual Prestacional de la obra social correspondiente al año 2019. Luego, 1.738 afiliados recibieron una inversión de 1.653 millones de pesos (el 29,29 por ciento) en medicamentos, en tanto, 6.668 afiliados que presentaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD), recibieron de Iosper en el mismo año, 1.380 millones de pesos, lo cual implica el 24.45 por ciento.
MEDICAMENTOS Cañete informó que para seis afiliados a los que se debió dar cobertura en función de la resolución de recursos de amparo, en el 2019, se invirtieron 3.005.800 dólares.
Explicó que son medicamentos de “uso compasivo” que “se utilizan en pacientes aislados y al margen de un ensayo clínico, de investigación. Incluidas especialidades farmacéuticas para indicación de uso distinto que la autorizada”. Por esa razón, los afiliados recurren a la vía del amparo para que se autorice esa cobertura.
Cañete apeló reiteradamente a los ejemplos. La ciudad de Gualeguay tiene 13.000 aportantes y hay dos afiliados de Gualeguay, que en el año reciben medicamentos por 609.200 dólares cada uno. Lo que resaltó es que, en el año, la totalidad de afiliados de esa jurisdicción aporta 99.600.000 pesos” e invitó a calcular cuánta plata se necesitaría de esa delegación para cubrir a dos afiliados.
DESPROPORCIÓN Un tramo del informe lo destinó a desagregar cómo se conforma el ciento por ciento del gasto prestacional a valores de 2019: medicamentos de alto costo más oncológicos, $ 2.069 millones, representan el 36,66 %; prestaciones en discapacidad, $1.380 millones (24,45 %); en tercer lugar los médicos, $500.085.776,474 (10.38 %); Acler, $546.000.000 (9,67 %), “con lo que representa en la actividad económica y de salud esa institución, cuántos empleados directos e indirectos tiene”, remarcó. Los otros planes en medicamentos ambulatorios que utilizan más de 80.000 afiliados, representan el 5.42 % -esta gestión aumentó del 40 al 50 % de cobertura. El resto de las prestaciones asistenciales (diálisis, kinesiología, odontología, nutricionista, ambulancias, oftalmólogos) $230.679.852 (4,09 %); bioquímicos, 3,43 %; prótesis, $206.727.889, 3,66 %; anestesistas, $97.148.372, 1,72 % del presupuesto.
“De esta manera se distribuye el 100 % del gasto prestacional de la obra social. Esa es la desproporción que a uno asusta; el 61% del presupuesto se destina solamente a 16.000 afiliados, que son el 5,4 % del total del padrón que tiene la obra social”, subrayó tras el detalle brindado.
DISCAPACIDAD Capítulo especial correspondió a la cobertura que brinda a personas con discapacidad, por lo que reiteradamente dijo se los tilda de “desalmados”.
Como lo había hecho antes, desagregó los $1.380 millones destinados a las prestaciones a este sector. “En 175 afiliados que reciben atención en escuelas especiales y centros de rehabilitación se destinan $ 47 millones; kinesiología, prestadores y convenios individuales, $ 87 millones; cuidadores domiciliarios, $ 84 millones; internaciones de discapacidad en clínicas y sanatorios, $ 198 millones; $ 275 millones en medicamentos; consultas y prácticas médicas ambulatorias, $ 180 millones; centros de rehabilitación, $ 120 millones; y reintegros anuales $ 390 millones de los cuales, $ 60 millones se abonan a las Maestras Orientadoras Integradoras (MOI), que son 407.
El énfasis estuvo puesto especialmente, en las MOI porque “nosotros –dijo- nos hacemos cargo, pero nosotros no recibimos recursos para atender. El CGE sí recibe; tiene la responsabilidad. Los legisladores entrerrianos dijeron que el CGE tiene la responsabilidad”, subrayó luego de repasar la legislación vigente. En este punto, Cañete también planteó que “cuando nosotros nos hacemos cargo y queremos instrumentar alguna norma para poder controlar dicen que ´discriminamos´, es decir, nosotros que ponemos la plata somos los maltratados y quienes tienen la responsabilidad y reciben los recursos están airosos”, cuestionó el titular de la obra social.
Añadió que “lo mismo pasa con cuidadores” que en un número superior a los 400 paga la obra social.
La estrategia fue nuevamente echar mano a los ejemplos, “no para criticar el tema de la discapacidad, sino para demostrar la inversión que hace la obra social en esa materia y no deja abandonados a los discapacitados”. Precisó que “un afiliado que en el año aporta $ 28.000, recibe prestaciones por $ 382.000. No nos pueden decir a nosotros que abandonamos a los discapacitados. No nos pueden decir que somos desalmados”, insistió antes de sostener que, para el Iosper, la discapacidad “es una gran inversión”.
La administración Cañete aseguró que se mejoró “notablemente” la administración. Del 100 por ciento de los recursos el 87 % (6.923 millones de pesos) es lo que se utiliza para prestaciones; el otro 13 %, para el gasto corriente, gastos operativos y salarios. Y en esa línea aseguró que la masa salarial de este año representa el 10,3 % del presupuesto.
Iosper cuenta con 459 trabajadores en planta permanente, 100 con contrato de servicios; 291, contratos de obra; en total, 857 empleados (con los miembros del directorio). Y tiene 87 delegaciones en toda la provincia.
Consideró “muy decoroso el número que estamos manejando” en función de la población y la cantidad de delegaciones.
Cañete sostuvo que el “Iosper es la obra social más pobre de la República Argentina, es la que menos recursos recibe: el 7,5 % afiliados en actividad -el empleado aporta el 3%; la patronal (con la mejora que hizo el Gobernador) llegó al 4,5%-.
En cuanto a los pasivos, preguntó “por qué al Iosper se le sigue aplicando la Ley de emergencia ya que la restitución del 2 % del aporte patronal nunca lo hemos recibido”. Justificó el reclamo al puntualizar que “mensualmente ese 2 % representa 55 millones de pesos, multiplicado por 13 estaríamos hablando de más de 700 millones de pesos” por lo que concluyó que “en realidad, el problema que tiene la obra social es la falta de recursos”.
La ley y sus recursos En el ámbito legislativo la observación podría ser tenida en cuenta para el futuro o enmendar alguna norma si fuese posible.
Cañete apuntó a las “leyes especiales” coincidiendo en lo que puede leerse como “generación de nuevos derechos”, pero, enfatizó, “le pedimos a los legisladores que esos nuevos derechos individuales en salud digan dónde van a estar los recursos. Nosotros tenemos las leyes de diabetes, celiaquía, obesidad, discapacidad, HIV, oncología, trasplante, género, salud sexual y de fertilización. Todas estas leyes tenemos la obligación de cubrirlas al 100 % pero ninguna de estas normas estableció de dónde saldrán los recursos” para brindar esa cobertura.
Los aportes, demasiado bajos Tan contundente resulta leer que se trata de la obra social más pobre de la República Argentina así como también que la mayoría de sus afiliados y aportantes –estatales entrerrianos- están por debajo de la línea de pobreza.
En materia de recursos, el presidente del directorio de la obra social provincial precisó que “en 2018, el ingreso per cápita era $ 862; en febrero de 2019 el promedio de ingreso es $1.204; el promedio, en 2020 es $1.952, mientras que las privadas tienen el plan para grupo familiar más barato a $12.924.
Tras las números, reflexionó que “salvo los empleados del Tribunal de Cuenta, de la Legislatura y del Poder Judicial, todos los demás, en su gran mayoría, están por debajo de la línea de pobreza y tenemos que cubrirlos”.
Así, concluyó que “estamos acá para administrar la obra social, para manejar los recursos, que no alcanzan, de tal manera que a todos les pueda llegar la prestación”.
